En el reciente y presente tiempo que vivimos, muchas de las cosas importantes y trascendentes de la cotidianidad colectiva han cambiado.
«Cuando un margen caía o un tejado se derrumbaba, no se paraba hasta que se rehacía, las paredes de casa se rejuntaban y se blanqueaban con cal, en el trozo la cabaña siempre gozaba, todo se podaba y se desherbaba, sólo los páramos se mantenían salvajes para tener a mano los pastos y las hierbas medicinales necesarias para los animales y las personas”.
En cada momento histórico, las prioridades sociales cambian. Si antes las cuestiones locales propias del país y de la tierra tenían una importancia primordial, hoy las cuestiones más generales de todo tipo son las que importan.
El hombre necesita creer en fantásticas teorías y conspiraciones universales, al tiempo que no se da cuenta de la conspiración cierta, cercana y real, que sufre un valor colectivo como es el paisaje y el territorio. La conciencia hacia el deber colectivo de velar por los elementos propios del patrimonio rural y natural, ha pasado a peor vida.
La antigua sociedad tradicional tenía claro que el paisaje, el patrimonio y el entorno rural era un bien comunal de todos. Quien lo descuidaba o destruía, era objeto de una censura social que acontecía en una obligación moral, y que obligaba a actuar para mantenerlo. Hoy, aunque las normas europeas definen el paisaje como “un elemento esencial para el bienestar individual y social, cuya protección, gestión y planeamiento conllevan derechos y deberes para todos”, buena parte de nuestra sociedad, no lo percibe como un bien colectivo, sino como un estorbo, que de la propiedad es dueño y señora, y puede disponer, hacer y deshacer como convenga.
Sin una mínima conciencia social, las normativas legales preventivas para la protección del paisaje aprobadas por las administraciones nacionales o municipales, sirven de poco. Incluso, empresas constructoras y agrarias que conocen perfectamente la legislación ambiental, no tienen ningún reparo en destrozar, deforestar y rellanar terrenos forestales protegidos, enfrentándose a sanciones de 200.000 euros.
Hace diez años, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del Paisaje con el fin de: “Preservar los valores naturales, patrimoniales, culturales, sociales y económicos del paisaje de Cataluña en un marco de desarrollo sostenible”. Pero en un año en Lérida, los Agentes Rurales han tramitado 35 denuncias por no haber pedido autorización para convertir terreno baldío en cultivable. (Segre 19 de setiembre del 2015 pàg. 17)
También en 2005, el Ayuntamiento de Tàrrega aprobó el “Plan de Ordenación Urbanística Municipal”, que delimitaba y concretaba qué áreas de suelo no urbanizable había que preservar y proteger por su riqueza y diversidad paisajística y/o ecológica., con el objetivo de velar por la: “Preservación de un entorno y de un paisaje de calidad, de la biodiversidad, de las zonas inundables, de los corredores biológicos y de los grandes espacios libres».
En Tàrrega, en otro nivel también suceden problemas similares. El POUM delimita gráficamente sobre planos a escala, las zonas protegidas de interés ecológico o paisajístico, así como las zonas de reserva afectadas por infraestructuras viarias o de interés público.
Y de nuevo la administración llega tarde. Lo que debería ser la norma, es la excepción. El movimiento de tierras, es una actividad, siempre sometida a la preceptiva licencia o permiso de obras por parte de la administración pública. Con demasiada frecuencia, una “transformación o mejora” de fincas, se efectúa sin autorización. Cuando estos movimientos de tierras afectan a los diferentes tipos de suelos que el POUM delimita y protege, el mal hecho es irreversible e irreparable, y difícilmente detectable y/o comprobable.
¿Qué habría que hacer para evitar que unos pocos se apropien y estropeen impunemente un paisaje que es de todos? .
En primer lugar es necesaria información. Algunos propietarios, empresas o colectividades, actúan sin disponer de la información sobre la calificación del suelo donde actúan, e ignoran la obligatoriedad de las actividades deben ser sometidas a la preceptiva autorización y permiso de obras administrativo.
En segundo lugar, se debe mejorar la inspección, y sobre todo las actuaciones preventivas: las aplicaciones del Google Earth pueden ser muy efectivas para comprobar las realidades físicas alteradas. También la información, como la que se ha hecho pública en la prensa, (Segre del 24 de septiembre, pág. 20), donde se anuncian 60 hectáreas de nuevos cultivos en el término de Tàrrega, debería hacer mover ficha a nuestro Ayuntamiento para que de acuerdo con los promotores, las cosas se hagan bien hechas, y a satisfacción de todos.
Y en tercer lugar, sería necesaria una mayor transparencia e información pública: los ciudadanos deberían acceder a la información de las licencias de obras concedidas, preservando la identidad y los datos personales de los afectados.
«Caminar por los caminos del término debe seguir siendo una experiencia agradable. No deberíamos encontrarnos que, esa preciosa servera o aquella magnífica encina, ya no están. Tampoco deberíamos ver los deprimentes restos de márgenes caídos o cabañas en ruinas. No podemos conformarnos con un paisaje arrasado de caminos y costas destrozadas. Debemos mantener los espesos coscojos y masas boscosas de los páramos, ricos de vida y de diversidad de nuestro término».
JAUME RAMON SOLÉ.
